Río Piedras: la sombra de una ciudad abundante
El Casco Urbano del antiguo municipio hasta 1951, cuenta con sobre 100 propiedades en condición de estorbo público , según el Centro de Reconstrucción del Hábitat (CRH)
Foto del Paseo de Diego en Río Piedras por Alina González
Antes, Río Piedras era un sector atrayente de posibles residentes por sus eventos culturales, negocios en ascenso y por la Universidad de Puerto Rico (UPR). Sin embargo, el deterioro de comercios, la criminalidad, eventos atmosféricos y proyectos de desarrollo fuera de Río Piedras provocaron que progresivamente aumentará la salida de residentes, al punto que el 44 por ciento de viviendas están vacantes en la conocida Ciudad Universitaria, informó en entrevista la presidenta de la Junta Comunitaria de Río Piedras, Jackie García Flores.
La zona riopedrense, junto con los residentes y estudiantes de la UPR, se ha visto desventajada económicamente, no sólo por los fondos insuficientes que recibe el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, sino también por la apertura de centros comerciales cercanos como Plaza las Américas, que se estableció en 1968.
“He visto todo el proceso donde éramos unas comunidades habitables y ahora pues tenemos muchas viviendas en desuso, al igual que comercios” que afectan la salud pública, dijo García Flores, quien creció en Río Piedras. Ahora, criaderos de mosquitos, roedores y puntos de drogas ocupan espacio en el considerado “gran Río Piedras” durante las décadas de los cincuenta y sesenta, que fue reconocido como el principal centro comercial y universitario de Puerto Rico, informó el planificador y coordinador del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, José “Tato” Rivera Santana en entrevista separada con el medio Primera Hora.
De igual manera, la construcción del Tren Urbano, que ocurrió a finales de la década de 1990 hasta el 2004, “provocó que el área estuviera por años bajo los destrozos y complicaciones que conlleva una obra de esa magnitud, afectando los negocios de la zona y provocando que muchos (comercios) tuvieran que cerrar”, detalla un artículo de Primera Hora sobre la decaída de Río Piedras.
Para detener el abandono de la Ciudad del Roble, en 1995, surgió el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras a partir de la legislación de la Ley 75, denominada como la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras; la entidad permite “visibilizar el acceso a recursos y mecanismos” para la adquisición y rehabilitación de terrenos, residencias y comercios con fines comunitarios, según la página web
Buscando cumplir con su objetivo, el Fideicomiso se asoció al Centro de Reconstrucción del Hábitat (CRH), que provee asistencia técnica, legal y acompañamiento en casos de revitalización de propiedades abandonadas, para frenar el deterioro de viviendas desalojadas en el Centro Urbano.
El CRH, mediante su Guía Comunitaria Municipal, ha colaborado con 17 municipios de Puerto Rico para detener el abandono de propiedades, según su director ejecutivo Luis Gallardo Rivera. San Juan conforma parte de los pueblos que utiliza el manual, pero solo en Río Piedras, informó.
Actualmente, sobre 100 propiedades en el casco urbano de Río Piedras son consideradas estorbos públicos por sus condiciones de deterioro. No obstante, la cifra no incluye viviendas desalojadas en buen estado, detalló Gallardo Rivera.
“Tengo que diferenciar la propiedad vacante y estorbo. Vacante es que simplemente no hay nadie viviendo ahí y estorbo es que ya se está cayendo en canto, y hay problemas de salud, ambiental, etcétera”, añadió.
La organización sin fines de lucro, en colaboración con el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, realizó un inventario sobre la condiciones de propiedades desalojadas en la zona, y encontraron que 209 están vacantes y 139 son posibles estorbos; sus hallazgos incluyen tanto viviendas como lotes, negocios y otras infraestructuras abandonadas.
Gráfica suministrada por el CRH; presenta las propiedades vacantes y posibles estorbos en Río Piedras
El organismo sólo recopiló datos de Río Piedras Antiguo (Centro Urbano), que tiene 251 propiedades desalojadas; Santa Rita, con 55; y Capetillo, que cuenta con 42 espacios abandonados. Sin embargo, esperan , junto con el Fideicomiso, expandirse a Buen Consejo, Venezuela, García Ubarri, Blondet y Mora, que componen el resto de las ocho comunidades en Río Piedras. De tales cifras, 91 propiedades son residenciales, según el inventario del CRH.
En 2021, todo San Juan contaba con 46,097 unidades vacantes y abandonadas, detalla el estudio People without Homes, Homes without people: Abandoned Properties as Opportunities for Affordable Housing in the Post-Disaster Reconstruction Environment por la profesora del Departamento de Arquitectura del Paisaje y Planificación Urbana en la Universidad de Texas A&M Ivis García Zambrana y Gallardo Rivera.
Nacionalmente , Puerto Rico tiene el índice más alto de casas vacantes, que no son para venta o renta, en comparación con los Estados Unidos; la isla cuenta con un 29 por ciento de viviendas desalojadas seguido de Maine, que constituye un 28 por ciento, señala un artículo de marzo de 2022, The Unique Challenge of Vacancy and Abandonment in Puerto Rico.
La investigación del 2022 justificó que el aumento de viviendas desalojadas ocurre por problemas de sucesión de propiedades y la migración, que aumentó en el 2006 debido a la crisis económica seguida por la Gran Recesión del 2008. También, incrementó el número de propiedades abandonadas después de los huracanes Irma y María del 2017, sustentó un estudio de The Center for a New Economy (CNE).
En cuanto a la herencia, “eso es, por ejemplo, abuela fallece, deja la casa con los hijos; un hijo fallece y hay nietos, pues hay un problema de sucesión de la titularidad y se queda en nada. Luego de eso, pues la migración; 9% de las propiedades son de personas que se mudaron para allá afuera (Estados Unidos). Así que, esas son las causas más grandes que hemos identificado (del problema de viviendas desalojadas)”, informó Gallardo Rivera. Además, el 43 por ciento de viviendas abandonadas se deben a casos de sucesiones por personas fallecidas, añadió el director ejecutivo del CRH.
Impacto en estudiantes y residentes
La estudiante de la Facultad de Comunicación e Información en UPRRP Verónica Guzmán Velázquez categorizó su experiencia de hospedaje como una insegura porque no hay seguridad cerca de las viviendas abandonadas, que atraen deambulantes y ratas.
Foto del letrero de la UPRRP por Alina González
“Río Piedras se está cayendo en cantos y no le está importando a nadie”, opinó. Durante los cinco años que se ha hospedado, Guzmán Velázquez describió el ambiente riopedrense como uno decadente, peligroso y abandonado, que dificulta el caminar por las calles como mujer.
Gráfica suministrada por el CRH, que ilustra parte de los peligros encontrados en propiedades dentro de Río Piedras
Por su parte, la estudiante de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras Natalie Rivera Ruiz comentó que “en casi cada calle hay más de un apartamento abandonado”.
La UPR de Río Piedras tenía otras opciones de vivienda como la residencia de Torre Norte, que cerró en el 2018 por el huracán María; y ResiCampus, que está remodelándose desde el 2020, según Pulso Estudiantil.
Sin embargo, para la presidenta del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, Andrea Bauza Hernández, la falta de hospedajes representa el “desmantelamiento de lo público porque estas viviendas fueron creadas como un proyecto de país social, no un proyecto capitalista”, afirmó en entrevista.
Foto de residencia universitaria Torre Norte por Alina González
García Flores y Bauza Hernández explicaron, en entrevistas simultáneas, que la junta comunitaria riopedrense y el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras funcionan como alianza.
El Fideicomiso “tiene una responsabilidad de atender esas necesidades y esos reclamos que salen de la Junta Comunitaria”. Abundó que son dos entidades diferentes, pero “con un mismo fin porque no pueden operar de maneras independientes”.
De acuerdo con la ley 75 enmendada, el municipio de San Juan le debe otorgar anualmente $200,000 al Fideicomiso, pero según Bauza Hernández, estos fondos son insuficientes. Esta cantidad no cubre arreglos infraestructurales ni el desarrollo de servicios de transportación para los residentes, continuó.
Dijo que el dinero cubre gastos operacionales como tener un director ejecutivo, un coordinador y la adquisición de propiedades.
Incluso, luego de comprar las viviendas, el Fideicomiso planifica convertirlas en residencias asequibles.
La entidad comunitaria , recibe ayuda de otros entes como la Escuela de Arquitectura de la UPR, la cual ha propiciado planos y maquetas para proyectos del Fideicomiso. Aparte, reciben fondos y ayuda del Maria Fond; la junta comunitaria, que es parte del organismo; y de la Coalición de Coaliciones, informó el director ejecutivo del Fideicomiso, Omar Cuadrado Santana.
Vulnerabilidad al peligro y abandono
Asimismo, Bauza Hernández compartió que el deterioro y abandono “abre una puerta para que puedan venir aquí a hacer lo que sea”.
Por su parte, Gallardo Rivera añadió que “la gran mayoría (de las propiedades) tienen algún tipo de peligro ambiental, clandestino o plaga. Esas son de las características más comunes que vemos, techos dañados. Muchas de estas propiedades han sido impactadas también por los huracanes”. Aparte de los problemas estéticos en las residencias, existe un conflicto de ubicación, donde si una propiedad es un estorbo público provoca que el resto también sean abandonadas.
Foto de vivienda abandonada y deteriorada en Río Piedras por Alina González
“El valor de las propiedades colindantes empieza a bajar. (Las propiedades desalojadas) representan un riesgo a la salud y seguridad pública. Estamos hablando de vandalismo, droga, gente abandonando carros y cosas así.”, dijo el director del CRH.
En el caso particular de San Juan, tal problemática es aún más frecuente debido a la densidad poblacional e infraestructural del municipio.
“Cuando abandonas una propiedad es mucho más probable que la casa de al lado va a abandonarse también. Hemos visto, por ejemplo, un bloque urbano, que de ocho propiedades, siete ya están abandonadas. Así que la señora que es dueña de la última, si trata de vender la casa, nadie la va a comprar”, explicó Gallardo Rivera.
Colaboración para revitalizar Río Piedras
Por el momento, el CRH, Fideicomiso y el municipio de San Juan se encuentran en una fase inicial de colaboración en la que ya desarrollaron un inventario con la cantidad de propiedades vacantes y posibles estorbos públicos en Río Piedras.
Ahora, esperan declarar las propiedades abandonadas como estorbos públicos oficiales para planificar su uso, y restaurarlas para beneficio comunitario.
“Para llegar a ese proceso de planificación, tiene que haber el proceso de declaración. Antes de eso, pues el inventario, la declaración, la expropiación, y entonces esa planificación. Una vez se declara la propiedad como estorbo público, ya puede comenzarse”, explicó el director ejecutivo del Fideicomiso.
Una vez se declara la propiedad estorbo público no deja ser privada, enfatizó Cuadrado Santana. Si el dueño de la infraestructura lo pide, el proceso de declaración puede incluir una vista que es atendida por el municipio. En los casos que el propietario de la propiedad no aparezca, continúa la declaración de estorbo público conforme al proceso de Ley.
En cuanto a la revitalización de Río Piedras, la presidenta del Fideicomiso especificó que no hay un plan formalizado entre la Junta Comunitaria y el CRH. Sino, que se ha hablado de adquirir residencias expropiadas del municipio de San Juan para arreglarlas.
Por su parte, Cuadrado Santana opinó que deben ser “juiciosos con lo que se pida'' porque “de nada le sirve al Fideicomiso tener 200 edificios si no tenemos los recursos para mantenerlos”.
Rótulo de propiedad del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras por Alina González
No obstante, Bauza Hernández enfatizó que desean obtener las propiedades para “venderlas a un precio módico para asegurar que se usen esos espacios, (y) que no los compre un inversionista”.
Aclaró que “no es que estemos en contra de los Airbnb”, pero se oponen a la explotación de estas viviendas que, en efecto, provoca el desplazamiento y la elevación de la renta.
Por demás, la Ley 75 para la rehabilitación protege al casco urbano de la gentrificación, aseguró Flores Rivera.
Aparte de la revitalización, Bauza Hernández considera esencial reconocer a las comunidades dominicanas y árabes también residentes en el exmunicipio.
“Esto no es un pueblo fantasma”, sino que aquí vive gente”, expresó García Flores.
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